Freno económico, con nueva ley de subcontratación

Recordó que en el Poder Legislativo descansan 32 iniciativas sobre el tema, sin que hayan sido revisadas. A ello hay que agregar que no están respetando los acuerdos alcanzados en los parlamentos abiertos de 2019. 

Ya lo dijeron los líderes del CCE, Carlos Salazar, y de Coparmex, Gustavo De Hoyos, que se trata de una regulación altamente restrictiva que tendrá efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían fuentes de trabajo, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.

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En tanto, la Canacintra, de Enoch Castellanos, sostiene que la iniciativa también tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles el ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal. Asimismo, trasgrede el derecho al trabajo de varias industrias por prestar trabajo especializado. El sector bancario, por ejemplo, tiene contratada al 50% de su nómina bajo esta figura.

También viola el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la consulta efectiva con los actores productivos, y ni que decir del 181 y la correlativa recomendación, relativo a las agencias privadas de colocación, aunque lamentablemente este último no está ratificado por México.

Vale la pena destacar que en el mercado laboral mexicano hay alrededor de 7 millones de personas que trabajan en algún esquema de subcontratación legal, la cual ha sido capaz de reducir los niveles de informalidad del 33 al 22% en diversos subsectores. En 2018, más del 25% del personal ocupado eran trabajadores tercerizados.

Por lo tanto, no es razonable acabar con un modelo que permite crear empleos formales con seguridad social y que, por lo tanto, combate la informalidad, la precarización del trabajo y la pobreza.

Vivimos en un país donde la desigualdad es una deuda social histórica y el outsourcing profesional ayuda a combatir la desigualdad, pues es un modelo flexible, que favorece a sectores sistémicamente discriminados. No por algo, 4 de cada 10 personas subcontratadas son mujeres, esto es, cerca de un millón de madres solteras tercerizadas y los jóvenes de 15 a 29 años constituyen el 25% del personal subcontratado. Pero eso sí, se quiere legislar al vapor, sin tener los pelos de la burra en la mano.