A un paso, eliminación del outsourcing

Desde la perspectiva laboral, el outsourcing está reconocido y regulado en el país desde el 30 de noviembre de 2012, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo”.

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Definir la subcontratación y legislar sobre ella siempre fue difícil, ya que, entre otros problemas, se trata de un modelo laboral que vuelve más complejas las relaciones de trabajo y, al añadir actores, pone en entredicho algunos de los conceptos jurídicos más arraigados en el derecho laboral de nuestro país.

Los artículos 15- A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo constituyen el marco normativo laboral de la subcontratación. En ellos se establece, a grandes rasgos, que la subcontratación existe, que debe constar por escrito y que este modelo no debe ni puede servir para evitar el cumplimiento de obligaciones patronales. También desde el ámbito fiscal se contempla la subcontratación, la cual está regulada por la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), algunos criterios jurisprudenciales y, sobre todo, la Reforma Fiscal de 2017, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2016.

¿En qué consiste la actual iniciativa? La iniciativa en materia de subcontratación que propuso en noviembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador contiene, a grandes rasgos, tres puntos: 1. Eliminar la subcontratación de personal. 2. Regular la prestación de servicios especializados. 3. Regular las agencias de colocación.

Además, en caso de aprobarse la iniciativa, tanto las agencias de colocación como las empresas que se dedican a la prestación de servicios especializados tendrían que estar presentando informes a distintas dependencias federales para obtener permisos y acreditar la legalidad de sus operaciones. Por otra parte, dado que la subcontratación quedaría prohibida, ya no tendrían efectos fiscales de deducción o acreditamiento los gastos de tercerización.

De acuerdo con el Ejecutivo Federal, mediante esta propuesta se busca contrarrestar los abusos en los que algunas empresas han incurrido: el subregistro de los trabajadores ante el Seguro Social (que afecta negativamente las pensiones, los fondos de vivienda, entre otros derechos laborales) y afectaciones a la Hacienda Pública (evasión de impuestos y de cuotas patronales). ¿Por qué es innecesaria su eliminación?

Las autoridades han señalado que dentro de la subcontratación se llevan a cabo de manera regular prácticas ilegales, las cuales dañan a los trabajadores y a la Hacienda Pública. El gobierno insiste en que la subcontratación ha servido para la elusión fiscal mediante esquemas como la facturación falsa, al tiempo que ha dañado los derechos de los trabajadores al eludir o disminuir el pago de sus aportaciones al Seguro Social y al Infonavit.