Piden frenar alquiler de vientres

Al tratarse de una práctica que pone en riesgo la salud y los derechos de las mujeres y de los niños, la organización Early Institute pide al próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y al Congreso de la Unión, prohibir la maternidad subrogada en México.

La solicitud de Early Institute, Think tank mexicano, dedicado al análisis y diseño de propuestas para proteger a la niñez, se suma al llamado que cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres hicieron a nivel internacional, exigiendo la prohibición global del alquiler de vientres, práctica que también se conoce como maternidad subrogada o explotación reproductiva.

“En la explotación reproductiva existe una amplia desigualdad entre los solicitantes y las mujeres gestantes, siendo frecuentemente estas últimas de bajo nivel socioeconómico, lo que representa un gran negocio para las clínicas e intermediarios”, dijo Adalia Contreras, colaboradora de Early Institute.

En 2015, el Parlamento Europeo hizo un llamado a prohibir esta práctica, señalando que “atenta contra la dignidad humana de la mujer, de su cuerpo y de sus funciones reproductivas, puesto que se le utiliza como una mercancía”, por lo que debería “ser prohibida y tratada como una cuestión de urgencia en los tratados internacionales sobre los derechos humanos”.

“En países como España, Alemania y Francia la prohíben para evitar abusos, explotación, riesgos a la salud de la mujer y de los niños bebé, e impedir negocios jugosos en los que se benefician clínicas e intermediarios” agrega el abogado Marcelo Bartolini, director del área Asuntos Públicos de Early.

El pasado lunes 24 de septiembre, organizaciones feministas de 18 países expresaron su oposición al alquiler de vientres porque resulta una grave violación a los derechos y a la dignidad de mujeres y niños, señalando que “convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial”.

Derechos de los niños

Otro factor que debe considerar el próximo gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre, con respecto al alquiler de vientres, es el futuro de los niños, ya que, después de que nace el niño, las clínicas lo entregan a los solicitantes y no existe autoridad en nuestro país que sepa su paradero o garantice su sano desarrollo.

“Esta práctica violenta el interés superior del menor y vulnera sus derechos humanos más elementales, como lo son el derecho a la nacionalidad, a la identidad, a conocer su origen genético y/o biológico, así como a permanecer con su familia de origen, entre otros”, agregó Bartolini.

Modificado por última vez enViernes, 28 Septiembre 2018 07:16

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