Esta semana se reanudan las mesas de trabajo entre la iniciativa privada, el sector laboral y el Gobierno, para llegar a consensos en materia de subcontratación. Hay que recordar que se pospuso la aprobación de la iniciativa sobre este esquema enviada el año pasado por el presidente López Obrador, a la Cámara de Diputados.

Entre los beneficios que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en materia de seguridad social, se encuentra el Retiro Parcial por Desempleo, una protección que tiene el trabajador formal, particularmente importante en momentos de emergencia sanitaria, ya que, en el caso de pérdida del empleo, puede hacerse uso de los recursos de la cuenta individual del trabajador.

Atribuir la estacionalidad (pérdida de empleo en diciembre pasado) a la subcontratación resulta muy peligroso para la economía nacional, ya que se desincentiva y criminaliza el uso de un esquema laboral que actualmente es legal y que ha dado pruebas de incrementar el trabajo formal, afirmó TallentiaMX, que dirige Elías Micha.

En materia laboral, el 2020 estará marcado por la peor incertidumbre para el empleo, no solo por la pérdida de millones de empleos a escala mundial provocado por el Covid-19, sino porque, en el caso de México, se agregó un plan para acabar con la subcontratación, que pone en riesgo a 5 millones de trabajadores, consideró TallentiaMX, que dirige Elías Micha.

Con el coronavirus, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región caerá en 9.1% (la peor crisis en 120 años) acompañada de un aumento de la pobreza que alcanzará 33.7% de la población de la zona.

El acuerdo firmado en materia de subcontratación, por el Presidente López Obrador y los sectores empresarial y obrero, tiene en vilo a cerca de 5 millones de trabajadores contratados mediante algún esquema de tercerización, pues es muy probable que perderán su empleo.

La iniciativa que impulsó el Ejecutivo Federal en materia de outsourcing será aprobada y aparentemente solo se le harán pequeñas modificaciones que no alterarán el núcleo de la propuesta: terminar con la subcontratación, permitiendo solamente la prestación de servicios especializados y las agencias de colocación.

Quienes ya marcaron su distancia con la iniciativa de subcontratación del Presidente López Obrador, enviada al Congreso, es el gremio de los abogados. Roberto Vidal Méndez, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, dijo que resulta “inviable” desaparecer esta figura, ya que en plena pandemia del Covid-19 aniquilará, “de un plumazo”, millones de empleos”.