Socios pelean por lechera Sello Rojo

Así lo denunciaron Mayari y Paloma González Rodríguez, hijas de José Luis González, socio fundador de la empresa, quienes advirtieron que autoridades del Poder Judicial de Jalisco, notarios y autoridades del ministerio público local, han incurrido en serias irregularidades en el marco del diferendo que tienen los socios de la compañía. Señalaron que los ejecutivos pretenden quitarle un patrimonio de 60 años a su papá (tío de ambos).

Expusieron que a partir de que Abraham González tomó las riendas de la empresa, ésta no ha entregado cuentas, ha presentado pérdidas en sus ganancias anuales por cerca de 30%, además de que, con base en un supuesto estudio económico, hecho por el contador público Joaquín Ramos Ramos, que estuvo en prisión por intento de homicidio y quien es socio del licenciado Virgilio Rincón Salas, fichado por la Interpol y prófugo de la ley, “argumentaron” un supuesto riesgo de quiebra en la empresa, lo que les ha permitido modificar el estado legal de la misma para dañar a un grupo de socios y hacerse de control absoluto de Sello Rojo.

También puedes leer. Advierten riesgo en abasto de alimentos. https://revistafactorrh.com/nutricion-al-100/item/7019-advierten-riesgos-para-el-campo-presentan-foro-de-leche

Abraham y Rubén González Uyeda inconformes con una votación en la que la mayoría de los socios exigieron que no siguieran al frente de la empresa, pusieron a Sello Rojo en un entorno legal que los mantiene al frente de la compañía y amenazaron a otros socios de dejarlos sin recursos si no se desistían de sus acusaciones, además de no entregar a su padre José Luis González un solo peso de dividendos cuando la firma tiene ventas anuales por seis mil millones de pesos.

Los demandantes solicitan la intervención directa del Poder Judicial local, del Congreso de Jalisco, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Poder Judicial a nivel federal o de la Presidencia de la República, e incluso de instancias legales que protejan al adulto mayor, para que conozcan este caso, la corrupción que prevalece en instancias del sistema judicial de Jalisco, con el fin de que puedan apoyar la justa causa de un grupo de socios de esta empresa mexicana e incluso proteger a los trabajadores que han recibido maltrato laboral y que pueden estar en riesgo.

Lo anterior, concluyeron, debido a que existe la posibilidad de dañar a alrededor de 8,000 personas y sus familias, que viven de su trabajo en Sello Rojo tanto en Jalisco como en diversos estados de la república, ante la posibilidad de un paro de labores pues se tiene conocimiento que la empresa permanece en estado de huelga, con la consecuente pérdida económica para toda la cadena de proveeduría de esta importante empresa mexicana.